Los servicios sociales impiden que la madre presente la solicitud por una instrucción que limita este recurso a personas “con capacidad de decidir”.
Su hija pequeña tiene 10 años y parálisis cerebral. No habla. No se comunica. Pero siente, percibe y aprende. «No es un mueble y claro que se entera de las cosas que pasan a su alrededor», explica su madre. Ella, la madre, tiene miedo a ser reconocida. Es víctima de violencia machista. Por ello, ni publicamos su nombre, ni su imagen, ni la localidad en la que reside, cuyos servicios municipales le negaron una ayuda, la del asistente personal, que puede mejorar la vida de su hija y la de su familia. La mujer tiene dos hijos más, menores de 12 años. «Imposible tener un empleo. Tengo que atender a mi pequeña, que es una gran dependiente y a mis otros dos hijos. La vida es complicada para mí pero ojalá encontrara un trabajo», explica.
La mujer respiró cuando le aprobaron la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) por la que cobra algo más de 700 euros desde octubre de 2019. Por la dependencia de su hija, percibe la ayuda de cuidador no profesional (sobre los 400 euros). No tiene coche y vive, con un alquiler «simbólico», en casa de una persona que se enteró de su situación y decidió ayudarla con un techo, que es la base.
Como consecuencia de la discapacidad de su hija pequeña, la cría ingresó en el hospital 6 meses para que le realizaran varias intervenciones quirúrgicas. La mujer, sola, no sabía cómo atender a su hija en el hospital y a sus otros dos hijos en casa. Le hablaron de una figura presente en el catálogo de servicios de la ley de Dependencia que estaba potenciando el Consell: la figura del asistente personal, un trabajador «por horas» al que contrata el usuario para poder llevar a cabo su «vida independiente» gracias a la prestación que le concede Igualdad y Políticas Inclusivas y que puede alcanzar hasta los 2.350 euros al mes.
En enero de 2019, la Comunitat Valenciana fue pionera en España a la hora de regular la figura del asistente personal mediante una instrucción que desarrolla la prestación económica de la asistencia personal, aumentando las cuantías y las horas de contratación. Ahora bien, en la instrucción se limita la ayuda a personas «con capacidad de decidir» y a eso fue a lo que se acogieron los servicios sociales del municipio donde reside esta familia para denegarle la ayuda a la más pequeña del hogar.
«Yo lo que pretendía era que mi hija estuviera con el asistente personal cuando yo me tenía que ir de allí para atender a mis otros dos hijos. No podía dividirme y lo pasé fatal. Pero no hubo manera porque no me dejaron ni presentar la solicitud», explica la madre.
Sin embargo, la vida de esta mujer se cruzó con la de la abogada de Acción para la Justicia Social, Sandra Casas, quien decidió asesorarla ante «una ayuda a la que tiene derecho». «Al final, que la ayuda del asistente personal esté limitada a la ‘capacidad de decidir’ deja fuera a personas con discapacidad intelectual o que tienen dificultades para comunicarse y eso no puede ser. La conselleria no deniega los expedientes porque, directamente, ni le llegan. Los servicios sociales hacen de ‘tapón’ y al final se trata de una ayuda a la que tienen derecho por ser personas, independientemente de si tienen una capacidad intelectual de un niño de 3 años o de 33. Es decir, el Supremo reconoce el derecho a voto de personas incapacitadas judicialmente en base a la defensa de los derechos humanos y la conselleria niega una ayuda porque ‘no tiene capacidad de decisión’. Esto tiene que cambiar o se quedará demasiada gente por el camino en un recurso que puede cambiar mucho la vida de los usuarios», explica Casas.
La figura del asistente infantil
La Conselleria de Igualdad, sin embargo, defiende la «capacidad de decidir» del usuario en el recurso del asistente personal aunque explica que los menores están exentos de ello con la figura del asistente personal infantil (PATI), una medida pionera en España. «La capacidad de decidir se limita a los adultos, no al asistente infantil porque se entiende que el padre, madre o tutor sí tiene esa capacidad de decisión. Esa ‘capacidad de decidir’ es básica en esta ayuda. El problema es que cuando la mujer pidió la ayuda no estaba regulada la PATI (consta desde enero de 2020) y al parecer fue un fallo de los servicios sociales de la localidad. La Generalitat Valenciana ha sido pionera en España en la regulación del asistente infantil. Por ello instamos a la mujer a que presente la solicitud de nuevo», afirman.
Levante EM | 23.07.2020 | Mónica Ros
